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NI QUE PINOCHET SIGUIERA GOBERNANDO

17 de Noviembre de 2002
Edmundo Lemún, joven de 17 años, e integrante de la Coordinadora Arauco Malleco de la comunidad de Montutui Mapu, ha sido la última víctima del Estado chileno. Fue asesinado de un tiro en la cabeza que lo tuvo agonizando durante varios días, a manos de carabineros, durante la toma de un fundo de la forestal Mininco (7 de noviembre). Carabineros argumenta haber recibido órdenes de la fiscalía para hacerse presente en el lugar, cuestión que el organismo niega. Pero este caso no es el único, aunque sí el primero con desenlace fatal. Hay que sumar el de una niña de 12 años, Daniela Ñancupil, quien en enero de 2001 fue herida a quemarropa (7 balines en el cuerpo) durante un operativo policial de desalojo de un predio que reivindicaban; el del comunero mapuche Abraham Santi Calbullanca, quien perdió un ojo por impacto de un balín (abril del 2001), o el baleo a quemarropa (el mismo mes y año), por parte de la policía de investigaciones a cuatro mapuche, en plena calle de Tirúa, en las proximidades de una Escuela pública. Uno de ellos quedó herido de gravedad. “Actos de extrema violencia que dejan en evidencia el estado sicótico de Carabineros y la policía en sus represiones anti mapuche, quedando cada uno de ellos en la más absoluta impunidad.” (WWW.mapuexpress.cl) Estos hechos no deben verse de manera aislada, sino como parte de la política represiva del estado chileno contra comunidades del pueblo mapuche, las cuales son presentadas como violentistas y opuestas al progreso del país. Para ello, el gobierno de la Concertación cuenta con el apoyo de medios de comunicación masivos y partidos políticos de derecha, quienes se empeñan en hacer creer a la opinión pública que en la zona existen grupos terroristas que ponen en peligro la seguridad de la nación. La lista de presos políticos mapuche es también extensa, pero ante esto el gobierno guarda silencio. Las reacciones de las comunidades y de simpatizantes con este pueblo originario no se han hecho esperar, y a esto, el gobierno opone más violencia. El objetivo es claro: quitar del camino a un empecinado opositor de su política neoliberal de privatizaciones, (donde el caso más dramático es la construcción de la represa Ralko en el Alto Bío Bío, zona declarada reserva ecológica) por cuanto los indígenas constituyen el grupo más vulnerable del país. Para el estado chileno la consigna sigue siendo asimilar o acabar con quienes no sólo reivindican tierras, ahora en manos de empresas forestales, sino su derecho a vivir en zonas ancestrales, muchas de las cuales están siendo arrasadas, poniendo en riesgo el cada vez más precario equilibrio ecológico de esta región del sur de Chile y su propia existencia como pueblo. El caso del joven comunero Edmundo Lemún es el saldo trágico, el “costo” que el gobierno y el estado chileno deberán pagar para continuar con su política de exterminio de toda oposición, de todo intento de mantener la diversidad de un país cada vez más difuso y con escasas posibilidades de participar de las decisiones que lo afectan. En Chile, los intereses económicos priman por sobre los derechos de las personas. (Magaly Acosta)
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