Los cambios en los mercados de trabajo durante los años 90 contribuyeron a perfilar una nueva estratificación ocupacional que no favorece la movilídad social ni tampoco una mejor distribución del ingreso. La precariedad del empleo es ahora más generalizada. Una creciente vulnerabilidad social -que tiene bases objetivas- afecta a la mayoría de la población y se refleja en las encuestas de opniión. Estas son algunas de las tendencias destacadas en la edición del Panoramai Social de América Latina 1999-2000, de la Comisión Económica para América Latina y el Caríbe (CEPAL).

Un grupo de países logró reducir sus niveles de pobreza en el bienio 1998-1999. Sin embargo, en otros se interrumpió la tendencia positiva mostrada durante los primeros ocho años de los noventa.

Según la CEPAL, alrededor de 220 millones de personas en la región viven hoy en la pobreza, cifra que se acerca al 45% de la población de América Latina y el Caribe. Unos 117 millones de ellos son niños y adolescentes menores de 20 años.

México, América Central y los países de mayor tamaño del Caribe mantuvieron e incluso incrementaron el ritmo de crecimiento económico, redujeron los niveles de desempleo, elevaron las remuneraciones reales y disminuyeron los niveles de pobreza. En contraste, en la mayoría de los paises sudamericanos, el producto interno bruto se estancó o se redujo, aumentaron las tasas de desempleo abierto y disminuyeron las remuneraciones reales, con lo que muy probablemente mantuvieron o incluso aumentaron sus niveles de pobreza.

Dos estudios recientes de la CEPAL sobre Chile y México, que cubren el período 1997-1998, reflejan la sensibilidad de la pobreza a las oscilaciones del crecimiento económico y el impacto positivo de las políticas sociales.

Si se compara el crecimiento acumulado en el bienio, los dos países muestran cifras similares. Sin embargo, en 1998, la expansión en México mantuvo su intensidad, mientras que Chile mostró una importante desaceleración de su crecimiento económico.

En México, la desocupación abierta se redujo desde niveles del 7.4% en el tercer trimestre de 1995 a cerca de 2.8% en el cuarto trimestre de 1998. En Chile -entre noviembre de 1996 y noviembre de 1998-ésta se elevó de 5.7% a 9.9%, afectando principalmente a los grupos de menores ingresos.

En estas circunstancias, el dinamismo de la economía mexicana en el período reciente y las políticas sociales para atender a los grupos más afectados por la crisis llevaron a una rápida recuperación de la situación social. El porcentaje de hogares en situación de pobreza se redujo entre 1996 y 1998 de 43% a 38% y el porcentaje de hogares en situación de indigencia dísminuyó de 16% a 13%, lo que supone una reducción de la pobreza extrema de alrededor de 3 millones de personas. Simultáneamente, se logró reducir la severidad de la pobreza entre los grupos de más bajos ingresos.

A la vez, en Chile, la pobreza disminuyó desde 20% de los hogares en 1996 a 18% en 1998, mientras que la indigencia prácticamente no varió (pasó de 5.8% a 5.6%).

El Panorama Social muestra cambios profundos en los mercados de trabajo e identifica -por sus ingresos- tres grupos que conforman una nueva estratificación ocupacional. El de nivel superior abarca a poco más del 9% de los ocupados y tiene ingresos considerablememe más elevados que los demás. El de nivel intermedio reúne a un 14% de la fuerza laboral y, por último, el de nivel inferior, que representa al 75% de ella, obtiene ingresos individuales que en la mayoría de ]os países no alcanzan por sí solos para mantener a una familia fuera de la pobreza.

Por otro lado, entre el 40% y 60% de los adultos mayores (de 60 y más años de edad) no recibe iñgresos previsionales ni laborales y debe vivir en grupos familiares extendidos. El estudio muestra los tipos de arreglos familiares que surgen de esta realidad.

La precariedad del empleo se acentuó en los años noventa. Esta tendencia se dio en el marco de un aumento de la proporción de personas ocupadas en los sectores informales o de baja productividad, que alcanzó en 1999 a cerca del 50% de la fuerza de trabajo en las zonas urbanas y porcentajes aún más elevados en las zonas rurales.

El estudio de la CEPAL revisa la evolución social, con especial atención en los aspectos de vulnerabilidad, estratiftcación ocupacional y precariedad del empleo. También examina las condiciones de vida de los adultos mayores, las oportunidades de bienestar de la infancia y adolescencia y la agenda de políticas en el área del control de la producción, el tráfico y el consumo de drogas.

Un creciente sentimiento de inseguridad, indefensión y riesgo afecta hoy a la mayoría de la población regional, incluso a parte de los estratos medios. La vulnerabilidad social se refleja en las encuestas de opinión realizadas a fines de los años noventa y se ha convertido en un rasgo caracteristico de la sociedad latinoamericana de comienzos del siglo XXI.

La CEPAL sostiene que esta percepción ciudadana se sustenta "en la evolución del mercado de trabajo, en el repliegue de la acción del Estado, en las nuevas formas institucionales para el acceso a los servicios sociales, en el deterioro experimentado por las expresiones tradicioinales de organización social, y en las dificultades de la micro y pequeña empresa......". La precariedad del mercado laboral ilustrada en el estudio por los mayores porcentajes de empleo no permanente, sin contrato y sin seguridad social, trae consigo la inestabilidad de los ingresos familiares, que se traduce en entradas y salidas de la pobreza, con los costos sociales adicionales que ello supone.

Como resultado, ahora los gobiernos enfrentan mayores demandas por reducir esta vulnerabilidad, lo que se aprecia en la lúcha de los sectores más afectados por las crisis por establecer seguros de desempleo y otras políticas económicas y sociales.

La falta de empleo o su mala calidad es el vínculo más claro entre vulnerabilidad y pobreza, debido a que los ingresos del trabajo son la principal fuente para la subsistencia de los hogares en los estratos medios y bajos.

Según el estudio, la precariedad del empleo se incrementó durante la última década, junto con la proporción de personas ocupadas en los sectores informales o de baja productividad, que en 1999 alcanzó a alrededor del 50% de la fuerza de trabajo en las zonas urbanas y porcentajes aún más elevados en las zonas rurales.

El aumento de la flexibilidad en los mercados de trabajo acentuó la precariedad e inestabilidad de los empleos y se sumó a una disminución del acceso a la seguridad social. La pérdida de los empleos de muchos adultos -a raíz de las reestructuraciones productivas- desvalorizó el capital humano, en la medida en que su experiencia de trabajo no encuentra cabida en ocupaciones de productividad media y alta. Esas personas desplazadas se debaten entre el desempleo abierto o la inserción en sectores de baja productividad. "Las políticas gubernamentales de capacitación y reubicación de estos trabajadores parecen no haber tenido el éxito esperado", dice el documento.

La crisis del sector fiscal y la inflación de los años ochenta restó poder adquisitivo a las jubilaciones y pensiones del sector pasivo. Los grupos sociales más modestos, beneficiarios de estas transferencias públicas, enfrentaron situaciones aún más precarias. Algunos gobiernos lograron restablecer al menos en parte dicho poder de compra, durante los años noventa.

La mayor vulnerabilidad social también se observa en el ámbito de la prestación de servicios sociales, especialmente de educación, salud y previsión y se produce pese al aumento del gasto social en los años noventa.

Las políticas públicas de focalización del gasto social redujeron, en diversos casos y países, la carga que para el presupuesto público representaba el financiamiento de las prestaciones para los estratos altos y parte de los estratos medios. Pero esto ha implicado que muchos hogares de sectores medios y medios bajos hayan tenido que pagar en forma directa, total o parcialmente, el costo de dichos servicios, además de enfrentar el rigor de la crisis ocupacional y la caída de sus ingresos. Estos grupos, especialmente en los países que no han logrado restablecer un crecimiento económico estable y acelerado, se han visto afectados por la disminución de la cobertura y calidad de las atenciones al mismo tiempo que enfrentan las pérdidas de ingreso derivadas del mal desempeño de las economías. En este contexto, aumenta la sensación de insegundad e indefenslón.

El debilitamiento de las formas tradicionales de organización y participación social (sindicatos y organizaciones comunitarias) ha alterado los hábitos colectivos en favor de un comportaimento más individualista. En el plano político, la marginación de los jóvenes de los partidos es un fenómeno de alcance regional. Como no han surgido instituciones de reemplazo, las personas enfrentan su participación en el mercado cada vez más aisladas, con menores grados de protección y, consecuentemente, con mayor vulnerabilidad. Según la CEPAL, se observa "una disminución de las conquistas de los trabajadores, no sólo en términos de ingreso sino en el plano de la seguridad social, cuya repercusión en las condiciones de vida resulta muy sensible".

Las pequeñas y las microempresas están en el centro de cualquier política pública que busque avanzar en el alivio de la vulnerabilidad y la pobreza. Peio la casi inexistencia de subsidios, la insuficiencia de las políticas de fomento y la masividad y alta mortalidad de las pequeñas y microempresas ponen en evidencia su fragilidad. "La vulnerabilidad en que se encuentra el pequeño capital que sostiene a las microempresas se constituye, entonces, en un factor de reproducción de la pobreza", señala el informe.

Los grupos pobres, particularmente los núcleos de la llamada "pobreza dura", son los que sufren la mayor vulnerabilidad social. Pero, en los últimos dos decenios, los pobres no indigentes y sectores medios han experimentado bruscas variaciones de sus ingresos. Como consecuencia se ha gestado una creciente rotación de los hogares en torno al umbral de pobreza, que se traduce en una mayor inseguridad y costos más altos para los hogares, ya que quienes sufren drásticas disminuciones en sus ingresos deben liquidar sus bienes o endeudarse, lo que implica deterioros adicionales en sus condiciones de bienestar.

A los pobres urbanos les es difícil acceder a las mejores oportunidades laborales en cuanto a calidad de empleo y remuneraciones, ya que éstas se encuentran en el sector moderno de la economía y dependen de niveles crecientes de educación. Por otra parte, la "rotación" de la pobreza está muy determinada por la inestabilidad del empleo que caracteriza el patrón de desarrollo vigente.

Una clara diferenciación por estratos sociales presentan hoy la educación y la salud, componentes principales del llamado capital humano. Esto constituye un rasgo más de la vulnerabilidad de amplias capas de la población que dificulta la superación de la pobreza. La dotación y distribución del capital humano son decisivas en un ambiente de concentración tecnológica y del conocimiento en los sectores modernos de la economía y en la gran empresa, haciendo excluyente el acceso a los escasos puestos de trabajo que allí se generan, por ser éstos de alto nivel técnico y profesional.

El contraste entre la buena calidad de la educación de algunos estratos altos -capital que en gran parte se transmite de una generación a la siguiente- y otros con menos años de estudio y calidad, al que se agregan hoy las diferenciaciones en las atenciones de salud entre el servicio público y el privado, que introducen tensión e incertidumbre en las familias pobres, e impiden acortar e incluso amplían las brechas en el capital humano, convirtiéndose en un factor adicional de reproducción de la pobreza.

Para reducir la pobreza y al mismo tiempo la vulnerabilidad social, la CEPAL recomienda recuperar algún grado de universalidad en las políticas sociales. Estas deben ampliar su cobertura y lograr más eficiencia, lo que implica reincorporar como grupos objetivo de las políticas públicas a estratos populares y medios descuidados por una excesiva focalización y hoy bastante indefensos frente a las frecuentes recesiones económicas y a la nueva institucionalidad que rige el acceso a los servicios sociales.

Por otro lado, la política económica debe lograr un crecimiento más dinámico y estable, así como una sustancial elevación de la productividad entre las micro y pequeñas empresas, cuyo carácter no transitorio se ha tornado evidente. "En la medida en que la expansión económica alcance mayor dinamismo, esta situación debiera tender a mejorar, tanto por la vía de generar más y mejores empleos, con ingresos más altos, como por las mayores posibilidades que ello ofrece al presupuesto gubernamental", afirma la CEPAL.