La batalla por los Cinco
2 de Septiembre de 2009
Parece cosa de locos, pero Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando y René González llevan ya una década presos solamente por impedir que grupos terroristas radicados en territorio estadounidense cometieran crímenes contra el pueblo cubano.
Arrestados en 1998 y condenados en 2001 a penas que oscilan entre los 15 años de cárcel y la doble cadena perpetua, los también conocidos como Cinco Héroes han padecido un proceso judicial plagado de arbitrariedades, sin cejar por ello en su reclamo de justicia.
Quizás la mayor irregularidad del juicio fue su realización en Miami, una sede evidentemente parcial y hostil, pero validada por el Tribunal de Apelaciones del XI Circuito de Atlanta. Y por si fuera poco, dicha instancia ratificó el veredicto de culpabilidad emitido en Florida, a pesar de la falta de pruebas sólidas para condenarlos.
El episodio más reciente de esta infamia ha sido la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a revisar el caso, pese a su repercusión mundial y a doce documentos de “Amicus Curiae” que reclamaban y justificaban un nuevo examen de la causa. Entre los “Amigos” destacan diez Premios Nobel, como los novelistas Wole Soyinka, José Saramago, Darío Fo y Gunther Grass, y los líderes pacifistas Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú.
Además, se pronunciaron a favor de los Cinco varias organizaciones internacionales y de derechos humanos, académicos cubano-americanos e incluso agrupaciones judiciales de Estados Unidos, que comprenden y condenan este proceso que ronda lo kafkiano. Sobresale la Asociación Nacional de Abogados Defensores Criminalistas de Estados Unidos, el Gremio Nacional de Abogados y la Conferencia Nacional de Abogados Negros.
Ni justo ni imparcial
Estos demandantes alegan que el juicio contra los antiterroristas no fue justo ni imparcial en Miami, cuya comunidad contrarrevolucionaria es célebre por su extremismo y por ello, eran de esperar represalias. Por ende, a la hora de emitir un fallo, resultaba imposible a los miembros del jurado abstraerse de los prejuicios existentes en Miami contra cualquier individuo asociado con el gobierno de Cuba. En otras palabras, y citando al Centro de Asistencia Jurídica en Materia de Derechos Humanos de la Universidad Howard, las pasiones de ese movimiento “envenenaron la atmósfera en el juicio de los demandantes y constituyeron un impedimiento insuperable para la realización de un debido proceso”.
Los informes estaban respaldados por precedentes en la historia judicial de Estados Unidos, que demostraban la imposibilidad de garantizar justicia en ciertas comunidades prejuiciadas y violentas. Tampoco se podía esperar más de una comunidad donde se pasean sin problemas terroristas confesos, como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, quienes encima se dicen “luchadores por la libertad”.
Los documentos presentados el pasado 6 de marzo también pedían a la Corte Suprema que revisara la eliminación -sin explicar las causas- de seis miembros afroamericanos del jurado. A su vez, las pruebas incluidas en los anexos invalidaban la acusación de “conspiración para cometer asesinato” contra Gerardo Hernández. Pero el Tribunal Supremo hizo oídos sordos. Poco le importó que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas calificara la detención de los Cinco como arbitraria, resultado de violaciones cometidas durante el juicio.
El propio Labañino sacó la moraleja: “Con la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos se pone de manifiesto la manipulación y la doble moral del gobierno de este país en la supuesta lucha contra el terrorismo”.
Acción y reacción
La reacción internacional a la decisión de la Corte Suprema fue inmediata: voces comprometidas con la justicia se alzaron para condenar esta lapidaria arbitrariedad.
Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano, ha asegurado varias veces que una firma del presidente estadounidense, Barack Obama, basta para lograr la libertad de los Cinco. “La solución está en sus manos (...) puede retirar acusaciones, anular un juicio, perdonar a un acusado, amnistiarlo, sin negociar con nadie”, precisó. Sin embargo, Cuba estima que los jueces del Supremo Tribunal hicieron lo que les indicó la administración de Obama, pues la fiscal general, Elena Kagan, ya se había pronunciado en contra de retomar el caso.
Para muchos, esta decisión, como el proceso en su totalidad, constituye una venganza política de Estados Unidos a la resistencia de la Revolución Cubana, bloqueada hace casi medio siglo.
De entrada, las principales organizaciones políticas y de masa en Cuba se mantienen firmes en su convencimiento de que sus héroes, como dijera Fidel Castro al comenzar el proceso, “¡Volverán!”.
Intelectuales, obreros, mujeres, periodistas, niños, desde que la Corte Suprema anunció su negativa, no han parado las manifestaciones de protesta en los más disímiles escenarios. Hasta Omara Portuondo, la diva del Buena Vista Social Club, llamó a los artistas de todo el mundo a unir fuerzas en esta batalla, que ha recibido voces de apoyo desde el Líbano hasta Nueva Zelanda.
Los cerca de 300 comités de solidaridad con los Cinco creados en el mundo se activaron de inmediato y algunos, como el argentino, incluso emplazaron a su gobierno para que tomen partido en el caso. En Estados Unidos ocurrieron concentraciones para protestar por la decisión, incluso en grandes urbes como San Francisco, Atlanta, San Diego, Houston, Nueva York, Minneapolis y hasta en Miami.
A su vez, la red mundial de medios alternativos intensifica sus esfuerzos para contrarrestar la campaña de desinformación, omisión y tergiversación que padece el caso de los Cinco Héroes en la gran prensa al servicio del establishment.
Esta batalla política aún no terminó: recién entró en una nueva etapa, y Cuba está, como siempre, determinada a ganarla.