El Estado policíaco liberal chileno
El presidente chileno ordenó un aumento del 20 por ciento en el tamaño de la fuerza –un total de 10 mil hombres—de carabineros bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia y respaldar la campaña que pretende mejorar la imagen de esta formación paramilitar que, junto con la policía secreta DINA, arruinó su reputación al reprimir cruelmente la disensión bajo el gobierno de Augusto Pinochet. Por el momento, Piñera se encuentra en proceso de implementar una profunda reforma de las agencias chilenas responsables de la seguridad nacional y la lucha contra la delincuencia organizada, tráfico de armas, narcotráfico, etc. Las medidas podrían ser vistas como completamente razonables sino fuera por la agenda política represiva del régimen liberal chileno que de manera creciente se alza tras ellas.
El mes de febrero pasado, Piñera introdujo nuevas normas para la policía y para el ministerio de seguridad pública. La novedad principal fue el establecimiento de la “División de Estudio”, entidad investigadora encargada de entre otras cosas, de luchar contra las amenazas al orden público. Además, la misión de la división incluye el desarrollo de nuevos enfoques para identificar y neutralizar fuentes de conflicto político y social. La descripción de las amenazas publicadas por el ministerio policial se ve sospechosamente breve y vagamente redactada, pero las declaraciones hechas individualmente por altos funcionarios policiales y de los servicios de seguridad, dejaron la impresión que la división se dedicaría a prevenir brotes “extremistas” en fechas simbólicas como ser al 1º de Mayo (Día Internacional del Trabajo), 11 de Septiembre (fecha del derrocamiento de Salvador Allende) y el 29 de Marzo (Día del Joven Combatiente).
La División de Estudio en cooperación con el departamento de orden público, mantendrá un registro de huelgas y diferentes conflictos sociales, ecológicos o relacionados con el desempleo en el país sobre la base de informaciones suministradas por los gobiernos locales. La división deberá reprimir las violaciones del orden público por parte de grupos “radicales” preferiblemente mediante medidas preventivas. Se dará atención especial a las regiones del país que mantienen un legado de problemas socio-económicos –aquellas habitadas por chilenos denominados “socialmente inadaptados” o conflictivos. El número de personas que se identifican con estas categorías tiende a crecer paulatinamente en la medida que la economía neoliberal tiende a empujar a las masas de “inadaptados” fuera de la esfera del desarrollo social.
Se empleará un arsenal de medios de vigilancia y una permeante red de agentes para estrechar el control sobre los estudiantes y organizaciones juveniles del país. Los jóvenes candidatos a emplearse en el servicio de seguridad continuarán siendo reclutados como informantes que típicamente trabajan como empleados asistentes en edificios de apartamentos observando a los residentes sospechosos, infiltrarse en círculos internos de personas de interés para los servicios de seguridad o participar en actos para espiar a los que protestan. Los agentes ya fogueados serán enviados ocasionalmente a provocar estallidos violentos: rompiendo vidrieras de negocios, avisos comerciales, cócteles Molotov lanzados contra vehículos de la policía, que se citan como justificativos para la represión policial con bastones, gas lacrimógeno y cañones lanza-agua. Ocasionalmente, los manifestantes identifican a los provocadores y la policía promete investigar pero siempre colabora con los agentes para que no tengan problemas.
En varios incidentes que captaron gran cobertura mediática, “manifestantes desconocidos enmascarados” quemaron banderas chilenas, comentarios de prensa hechos en torno a reclamos en el sentido que aquellos que luchan por una educación gratuita son antipatriotas y por lo tanto no merecen ningún beneficio social. Se pretende ignorar que en Chile las manifestaciones son masivas y completamente pacíficas. El ministro de educación, Joaquín Lavín, prestamente describió lo que mostraba la televisión en los casos mencionados con hechos orquestados por pequeños grupos ideológicamente prejuiciados y adictos a la violencia.
Sin duda alguna los grupos extremistas también existen en Chile. Un número de explosiones causó preocupación en el país. Según investigaciones llevadas a cabo, estas fueron hechas por un grupo de unas 25 personas de diferente extracción social. Los ataques han continuado durante varios años, siendo los blancos centros comerciales, bancos y estaciones de policía y son de carácter claramente antisistémico y anticapitalista.
Aunque los hechores no han sido apresados en el acto, se han producido algunas detenciones a un número de sospechosos. Algunos de los detenidos han sido puestos en libertad poco después por falta de evidencias incriminatorias, mientras que aquellos que continúan detenidos niegan todos los cargos. Uno de ellos, Omar Hermosilla Marín, asegura que la policía sencillamente necesitaba producir algún tipo de éxito al tratar el caso y utilizó como chivos expiatorios a miembros del grupo Mapu Lautaro conocido por haber tomado parte en la lucha armada contra el régimen de Pinochet. Marín se refiere a si mismo y a sus colegas como presos políticos señalando que: “No tienen evidencias de ningún tipo. Los casos se están cayendo y ninguno de ellos ha sido llamado a los tribunales, pero la campaña mediática desatada por voceros vinculados anteriormente al régimen de Pinochet, hacen que mantengan a la gente encarcelada.” En la opinión de Marín, las explosiones son atribuidas a grupos anarquistas. “En cuanto a nosotros, esos métodos ya son de un pasado distante, nuestra causa hoy en día es la lucha política,” señaló.
Se sabe que agrupaciones indígenas se encuentran bajo creciente presión en Chile. Durante décadas el mundo ha sido testigo de la lucha de los Mapuche, grupo de habitantes indígenas del centro-sur de Chile quienes tienen que luchar para vivir en sus territorios ancestrales y salvaguardar el área de la Araucanía contra los apetitos económicos neoliberales por los recursos naturales de la región. El conflicto entre las comunidades indígenas y agresivos inversionistas, se reeditó durante los gobiernos de Eduardo Frei y Michelle Bachelet, ambos de la Concertación, coalición de centro-izquierda, como también bajo el gobierno del actual presidente Piñera. Habitualmente, las protestas Mapuche son lideradas por gente joven, los cuales consecuentemente sufren las iras del gobierno liberal. Muchos de los dirigentes Mapuche son individuos educados graduados en universidades europeas y canadienses y se dan cuenta con suma claridad el futuro miserable que espera a su pueblo si sus tierras caen víctima de la privatización depredadora neoliberal. Esto explica la intensidad de la resistencia planteada por los Mapuche, quienes a menudo se niegan a conversar con las autoridades locales y aun con las del gobierno, bloquean carreteras y hasta incendian aserraderos –incidentalmente de propiedad de coroneles y generales pinochetistas retirados. A veces el conflicto llega hasta choques armados en las montañas con el resultante lanzamiento por parte de la policía y carabineros de amplias redadas contra el pueblo Mapuche.
A los jóvenes dirigentes Mapuche, Héctor LLaitul, Ramón Llanquileo , José Huemuche y Jonathan Huillical les aplicaron penas de cárcel que van desde 5 a 25 años por supuestos intentos de homicidio y robos a mano armada.
En estos casos, las evidencias fueron groseramente fraguadas y los testimonios fueron hechos por unánimes testigos enmascarados. Ante esta situación, los dirigentes indígenas replicaron con una huelga de hambre que duró 80 días –suspendida debido al riesgo letal inminente. Sus defensores decidieron pedir la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eventualmente, la ola de protestas que hubo en Argentina, México, Canadá, España, Francia, Alemania y otros países, obligó a la Corte Suprema del país a reducir las penas de cárcel de los dirigentes indígenas.
Amnistía Internacional ha instado al gobierno chileno a reducir la represión de las protestas sociales, advirtiéndole que la actual práctica pone en peligro el futuro de la democracia en Chile.
La directora para Chile del órgano vigilante, Ana Piquer, criticó acremente la aplicación de la ley antiterrorista a las protestas pacíficas que se multiplican a través del país. El creciente temor del gobierno chileno de perder el control sobre la sociedad es un secreto a voces. El dilema que tiene es aplastar el descontento con mano cada vez más dura o comenzar a ejercitar cierto grado de tolerancia.
Los comentaristas están emitiendo pronósticos alarmantes. El pasado mes de mayo, en encuestas de opinión pública, el 60 por ciento de los chilenos dieron bajas calificaciones al gobierno de Piñera, la opositora y ostensiblemente de centro-izquierda Concertación resultó aun peor con una tasa del 80 por ciento de desaprobación. Del mismo modo, alrededor del 60 por ciento de los chilenos expresó su desagrado con el parlamento y el senado del país, que resultó el peor desempeño de la legislatura que se recuerde.
Lo que asusta de sobremanera a la elite chilena es que la juventud indignada agita consignas obviamente extraídas de la época de Salvador Allende. Contrario al empeño de la propaganda liberal de proyectar una sombra sobre el pasado no muy distante, este mismo pasado pareciera ejercer una constante atracción entre la generación joven. Generalmente, los neoliberales a través del mundo, siempre creyeron que no podían confiar en los pueblos de los países que ellos manejaban y Chile, vitrina del neoliberalismo, vívidamente ejemplifica esta tendencia. Los servicios de seguridad del país se están infiltrando en cada rincón de la sociedad, supervisan las transacciones por Internet y escuchan clandestinamente unas 1500 conversaciones telefónicas diarias. El grueso de la información adquirida debe ser imposible de procesar de manera que el gobierno abrió una licitación para desarrollar un software (soporte lógico) para de manera automática colar a través de Internet y para sondear el intercambio en los medios sociales respecto de las actividades de la maquinaria estatal chilena. Se requiere que el soporte lógico (software) elija y procese el contenido dependiendo de los temas políticos que están siendo tratados, y según las condiciones de la licitación, este será de propiedad exclusiva del estado una vez que se complete la fase de desarrollo del proyecto.
Como observación final, debo decir que lo anterior representa una pequeña fracción de la cantidad total de información actualmente a mi disposición en torno al “renacimiento policial” en Chile.
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