Solicitan desafuero de general (R) Pinochet por abusos en Villa Grimaldi

15 de Septiembre de 2005
Abogados de derechos humanos encabezados por Eduardo Contreras anunciaron que solicitarán al ministro de fuero Alejandro Solís que inicie un proceso de desafuero contra el general (R) Augusto Pinochet, por la detención, secuestro y muerte de 30 opositores al régimen en Villa Grimaldi.

“Esto es una consecuencia del análisis que hemos hecho de los antecedentes del expediente, que muestran claramente el trabajo conjunto que hicieron Pinochet y Manuel Contreras”, señaló el profesional.

A su juicio, el ex comandante en jefe del Ejército visitó centros de detención ilegales y conversó incluso con algunos prisioneros políticos, antecedentes que para Contreras echan por tierra “la coartada de Pablo Rodríguez que demuestra que Pinochet no sabía los excesos de sus subordinados”.

“Aquí queda claro que él estaba personalmente en los lugares de reclusión, que conversó con prisioneros de guerra que posteriormente fueron ultimados y también nos arrojan un poco de luz respecto de las platas del señor Pinochet”, agregó.

El representante indicó que es posible que la cuantiosa fortuna del retirado militar provendría de los dineros que la DINA decomisó a detenidos desaparecidos, altas sumas con las cuales se apoyaba a los movimientos de resistencia.

Entre las víctimas de la represión a las que se le incautó dinero, se cuentan Miguel Enríquez y Jacobo Stoulman, quien portaba entre US$ 2 millones y US$ 3 millones al momento de su aprehensión. “Ya sabemos cómo se empezó a llenar al chanchito, la alcancía de barro el señor Pinochet, con los dineros que sustraía a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos”, agregó.

Pinochet, próximo a cumplir 90 años, está a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema respecto al pedido de desafuero presentado en su contra en el caso de la Operación Colombo y en la investigación sobre las millonarias cuentas que mantuvo en el extranjero.

El ex militar ha sido absuelto en varios procesos por violaciones a los derechos humanos –Operación Cóndor, Caravana de la Muerte, Caso Prats y Calle Conferencia-, luego que los tribunales de Justicia estimaran que no está en condiciones de salud para enfrentar un debido proceso.

De acuerdo a los informes Rettig y Valech, que han documentado las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile, el de Villa Grimaldi –también conocido como Cuartel Terranova- fue el recinto secreto de detención y tortura más grande de la DINA.

En la investigación por los abusos perpetrados en dicho recinto, están procesados los generales (R) Manuel Contreras, Hernán Ramírez Hald, César Manríquez, y a los brigadieres (R) Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza, Fernando Laureani, todos del Ejército, por desapariciones y torturas aplicadas en dicho recinto.

También enfrentan cargos los coroneles (R) Marcelo Morén Brito, Haroldo Latorre, Rolf Wenderoth y Gerardo Urrich, capitán (R) Manuel Carevic, el cabo (R) Basclay Zapata, también del Ejército, el civil Osvaldo Romo Mena y el subteniente retirado de Gendarmería Osvaldo Manzo.

Antes, el ministro Solís procesó a ocho ex militares por apremios ilegítimos contra 22 personas que estuvieron recluidas en el dicho recinto. El dictamen afectó a Contreras, Morén Brito, Espinoza Bravo, Krassnoff Martchenko, Romo Mena, Zapata Reyes, Laurani Maturana, a los que también se agregaron Maximiliano Ferrer Lima y Gerardo Godoy García.

(«El Mostrador»)
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