Tensión por amenazas separatistas y paramilitares en Bolivia
24 de Septiembre de 2006
El ex jefe del Ejército, general retirado Marcelo Antezana, lanzó ataques contra el gobierno y sostuvo que las Fuerzas Armadas actuarán en supuesta defensa de la Constitución, si "la clase política" se aparta del orden legal.
Antezana es considerado uno de los responsables de la entrega a Estados Unidos de 41 misiles tierra-aire de las Fuerzas Armadas, bajo el gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez (2005-06), quien lo destituyó por ese caso.
Tras reconocer que parte de las Fuerzas Armadas siguen al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), sostuvo que hay decepción entre los uniformados, que actuarán "cuando los políticos busquen quebrar el orden constitucional".
Las declaraciones del ex general coincidieron con la agudización de la beligerancia de sectores regionalistas conservadores de la oriental ciudad de Santa Cruz que hace poco intentaron interpelar y hostlizar al presidente Morales.
El mandatario enfrentó a pie firme esa agresividad en la conmemoración, en el municipio de Santa Cruz, de la efemérides regional, cuando el alcalde, Percy Fernández, el presidente del Concejo Municipal, Oscar Vargas, y el historiador Alcides Parejas, le hicieron emplazamientos.
En su respuesta, Morales, denunció los intentos de culparlo del centralismo o de la represión contra protestas cruceñas del pasado, cuando él ni siquiera había nacido, y señaló que "es la primera vez que los movimientos sociales asumimos el gobierno".
Subrayó la voluntad gubernamental de transformar el país en paz, para vivir en solidaridad, y dijo que la autonomía, reclamada en Santa Cruz, debe darse también para los pueblos indígenas.
En las inmediaciones del municipio hubo amagos de enfrentamientos entre gente que lanzaba insultos contra el presidente y partidarios del MAS, primera fuerza electoral de Santa Cruz.
El movimiento regionalista cruceño, bajo hegemonía empresarial y conservadora, espera contar para ello con los prefectos (gobernadores) y dirigencias de los departamentos de Tarija, Beni y Pando.
Entretanto, la ministra de Gobierno, (Interior), Alicia Muñoz, ordenó a la Policía que disuelva una fuerza paramilitar organizada en la norteña región de Pando, por la Prefectura (gobernación) del lugar.
El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, fue acusado de organizar un grupo de 100 paramilitares entrenados por policías separados de filas por corrupción, en ese territorio norteño.
Fernández negó veracidad a la denuncia, pero Muñoz dice tener fotografías y grabaciones de video probatorias. Pidió a la Fiscalía un proceso por sedición contra el director de Seguridad Ciudadana de Pando, Alberto Murakami, quien, junto al prefecto, Leopoldo Fernández, alegan que sólo se trata de un grupo de civiles organizados para apoyar a la Policía en tareas de vigilancia.
Entretanto, la Asamblea Constituyente, con sede en la sureña ciudad de Sucre, aplazó el reinicio de sus sesiones, debido a problemas logísticos, según información oficial.
De otro lado, el vicepresidente García ratificó que las organizaciones sociales están decididas a usar la fuerza para defender el proceso de cambios.
García hizo la declaración tras lograr el cese de un bloqueo de carreteras que aislaba a La Paz, a cargo de cooperativistas mineros aliados del gobierno que reclamaban diversas reivindicaciones.
Previamente el vicepresidente consiguió el cese de similares acciones por parte de campesinos e indígenas en Santa Cruz, contra las presiones conservadoras sobre la Constituyente.
(PL)