Chile postmoderno o la relativa legalidad en la construcción de la Represa Ralko

Magaly Acosta Oviedo
16 de Septiembre de 2002
El gobierno chileno toma medidas para impedir que ese polvorín en el cual se ha convertido la región de la Araucanía, en el sur del país amenace con explotar. Una de dichas medidas ha sido la designación de José Andrade como encargado de coordinar las acciones y relaciones Gobierno - Comunidades Mapuche. Se viene repitiendo que la Conadi (Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena) resulta ineficiente y con razón. Como solución se señala la necesidad de eliminar tal organismo y recurrir a “medidas más drásticas”, dando la espalda al problema de fondo desconociendo, en este diálogo de sordos, lo que el pueblo mapuche tiene que decir y adoptando posturas más duras.

Pero ¿cuál ha sido el motivo de la ineficacia de la Conadi?. El mismo gobierno de la Concertación organizó y puso en funcionamiento dicha entidad, mas, cuando ésta amenazaba con no responder a los intereses de algunos personeros (y al poder tras ellos) y se opuso a determinadas acciones, pues se ha optado por remover funcionarios. Es el caso de Mauricio Huenchulaf, despedido por oponerse a la construcción de la represa Ralko (con capital español en zona de reserva ecológica y que presenta el “inconveniente” de estar habitada por grupos de personas); posteriormente otros consejeros fueron despedidos por manifestar la misma opinión. Se designa así a Domingo Namuncura quien encarga un estudio para revisar y aprobar las solicitudes de permutas de tierras a las familias y comunidades mapuche. Allí quedó establecido que tales contratos fueron obtenidos mediante manipulación y engaño y no ajustadas a derecho. Los habitantes de las comunidades, resignados, habían vendido o permutado, (hay registro fílmico al respecto), y eso fue porque los encargados del megaproyecto mostraron a los indígenas, documentos en que señalaban que la orden del gobierno de construir era irrevocable. Es decir, se les engañó, puesto que para aquel entonces no había una resolución definitiva, estudio serio de impacto ambiental y la aprobación de la misma Conadi.

En 1998 Namuncura es destituido y nombrado Rodrigo González quien aprobó la mayoría de las permutas que el estudio de Namuncura calificó como ilegales. El año 2000, el entonces presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presiona al Contralor General de la República para que apruebe el decreto de concesión eléctrica, desatendiendo la ley indígena. La tan cacareada legalidad de la cual se jactan los gobiernos concertacionistas depende entonces del prisma con el cual se mire. Ralko es una zona declarada de protección étnica y cualquier proyecto debe contar con la aprobación de los habitantes y de la Conadi, para ello existe todo un cuerpo legal, por sobre el cual el gobierno ha pasado al autorizar permutas de tierra, eso, a pesar de no estar todos sus habitantes de acuerdo (Ver Convenio OIT Nro. 169). Pero las hermanas Quintremán, ancianas y aguerridas habitantes de la zona constituyen la piedra en el zapato de ese gigante transnacional aliado al gobierno chileno, un verdadero quebradero de cabeza para las autoridades y para los empresarios.

“Yo voy a luchar hasta el final porque yo no estoy buscando trabajo. Yo no quiero la plata, quiero mi tierra. Yo no sé trabajar Endesa, yo sé trabajar en mi cultura. En mi tierra entiendo todo. Por eso que no quiero salir de mi tierra y no voy a salir.” Manifiesta Nicolasa Quintremán cansada aunque firme, y la suya no es la postura tozuda de una anciana, se trata del profundo convencimiento que manifiesta por sus creencias, raíces y su derecho como representante de un pueblo originario a vivir en el espacio que ha sido suyo y de sus antepasados por generaciones. Algo incomprensible para quienes sólo se mueven si hay millones de dólares de por medio. Según la ley indígena (y el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile), si un solo indígena no desea salir de su territorio, no podrá ser obligado a ello. Los representantes de Endesa deberán incurrir en gastos millonarios si desean proseguir con lo que consideraban un hecho puesto que los gobiernos de la Concertación han dado garantías y seguridad a sus representantes para la ejecución de dicho proyecto (leáse acomodación o irrespeto a la ley y un contingente numeroso de efectivos policiales para escoltar el traslado de transformadores y los trabajos de las empresas contratistas).

De otra manera no se explica que comenzaran los trabajos cuando aún faltan trámites para su total aprobación, como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) verdaderamente serio. Una tregua entonces, mientras se lleva este problema a instancias internacionales, pues si el “Estado de derecho” y la legislación chilena favorecen a unos cuantos, poniendo en riesgo la existencia no sólo de una reserva ecológica, cultural y étnica sino del equilibrio ambiental del planeta, pues existen organismos y legislación internacional. Que el gobierno de Chile no alegue después “intromisión en sus asuntos” cuando la defensa del planeta y las minorías indígenas no son cuestión sólo suya sino de la Humanidad en su conjunto. La pequeñez ética y moral de nuestros gobernantes debe quedar al descubierto en un mega-negocio donde lucran empresas transnacionales y unos cuantos chilenos a quienes la destrucción del futuro parece no importarles.
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